La prescripción de inhibidores de la bomba de protones (IBP) en España es alta comparada con otros países de nuestro entorno y ha aumentado un 310% en el período 2000-2012. Médicos y pacientes subestiman sus efectos adversos, frecuentemente influidos por su inadecuada denominación de “protectores”. Muchas veces se prescriben sin indicación y los tratamientos se prolongan innecesariamente. Un estudio transversal en 2006 que analizó en profundo 412 prescripciones de IBP a pacientes de un Centro de Salud de Madrid encontró que sólo 150 (36,4%) eran adecuadas con las indicaciones y guías, y de las 160 prescritas por tomar AINE fueron adecuadas 131 (79%).
Aunque son bien tolerados, su uso prolongado se ha asociado a efectos adversos graves, como fracturas, hipomagnesemia, infección y colitis por Clostridium difficile, insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial y neumonía, según las conclusiones de una revisión de estudios observacionales que publicaron Schoenfeld y Grady en febrero de 2016. En esta revisión los autores contaron con el estudio retrospectivo de Lazarus, que mostraba una asociación entre IBP y enfermedad renal crónica.
No por casualidad, a mediados de abril, Xie y col acaban de publicar otro estudio observacional retrospectivo utilizando la base de datos del Department of Veterans Affairs de Estados Unidos, que cuenta con 8,5 millones de usuarios con datos sanitarios, de los que incluyeron 173.321 registros de pacientes que habían recibido su primera prescripción de IBP, a los que siguieron 4 años.
Dado el interés clínico, Rocío Montero Bardají[1] ha hecho una evaluación GRADE de este estudio retrospectivo, que ponemos a disposición de los lectores en: http://evalmedicamento.weebly.
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