Guillermo González Antón, coordinador del Grupo de Sexualidad de SOCALEMFYC
Las cifras de IVEs, con o sin repetición, son más que una estadística. Son mujeres que toman una importante decisión, en muchas ocasiones en una gran soledad a pesar del mejor y bien intencionado acompañamiento. Podemos imaginar sin gran esfuerzo que se trata de una cuestión privada y tremendamente intima. Una decisión a la que acompaña el eterno ruido de las enconadas opiniones a favor y en contra del aborto.
A nadie se le impone un IVE, solo se ha dignificado y optimizado desde el paradigma de la salud de la mujer. Muy pocas mujeres, quizás ninguna, que ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo va a ser disuadida por las dificultades legales que se le impongan. Las distintas situaciones normativas sobre el aborto en el mundo y a lo largo del tiempo, así lo han demostrado. Sólo el desarrollo de una educación sexual en la que los únicos criterios válidos y fundamentales deben ser: el conocimiento científico, el respeto a la diversidad sexual y la defensa del derecho a la autonomía, junto a una mejora en el acceso a la anticoncepción regular y a la anticoncepción de emergencia, puede garantizar que el número de abortos, que con cada publicación de sus cifras nos avergüenza, disminuya.
La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente aunque pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, crea el marco normativo idóneo para desarrollar definitivamente una educación sexual basada en criterios científicos y evolutivos del desarrollo así como articula la forma óptima de atención a la sexualidad desde el sistema público de Salud. A mayor abundamiento sobre la necesidad de Educación Sexual, podrimos aludir a principios bioéticos fundamentales como el de beneficencia, no maleficencia y justicia. Justicia para que todas las personas, desde la infancia, puedan acceder, como derecho fundamental, a una educación sexual marcada por el hecho ineludible de ser seres sexuados y por tanto seres eróticos, decentes y deseables, amantes y amados y potencialmente procreativos.
El principio de beneficencia nos compromete con el sentido de hacer el bien a la ciudadanía, sin paternalismos, pero sin falsos pudores. Pudores que tienen más que ver con nuestros propios miedos y temores sobre el sexo y la vivencia sexual, que con los “atribuidos” a nuestros consultantes y/o educandos. La no maleficencia nos obliga a reconocer nuestros propios valores morales, a los que tenemos todo el derecho, pero no a imponerlos como valores universales a quien pretendemos ayudar.
Por supuesto que esta educación sexual corresponde a las instituciones educativas en todos sus niveles, pero tan obvio como esto resulta la necesaria implicación de las instituciones sanitarias y muy especialmente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria como puerta de entrada al sistema sanitario, como receptora de la confianza de los y las ciudadanas para plantear sus problemas y dificultades en el terreno de la vivencia sexual. Como depositaria de un conocimiento científico amplio e integrador del tan cacareado modelo bio-psico-social de atención.
NOTA: este artículo fue publicado el 7 de enero en El Día de León
Seguro que son poderosas y respetables razones las que hacen que una mujer recorra el camino de la Interrupción Voluntaria de su Embarazo (IVE) o Aborto.Un camino tan cargado de sentimientos encontrados, emociones de difícil conciliación, dificultades administrativas, asistenciales y temores a las consecuencias para su salud general y reproductiva de dicha intervención, sea esta quirúrgica y/o farmacológica. Ni que decir tiene cuando ha de tomar esta decisión de forma repetida. Nadie que conozca el protocolo de intervención e imagine el proceso de la toma de decisión, puede suponer que resulte más fácil someterse a una nueva IVE.
Las cifras de IVEs, con o sin repetición, son más que una estadística. Son mujeres que toman una importante decisión, en muchas ocasiones en una gran soledad a pesar del mejor y bien intencionado acompañamiento. Podemos imaginar sin gran esfuerzo que se trata de una cuestión privada y tremendamente intima. Una decisión a la que acompaña el eterno ruido de las enconadas opiniones a favor y en contra del aborto.
A nadie se le impone un IVE, solo se ha dignificado y optimizado desde el paradigma de la salud de la mujer. Muy pocas mujeres, quizás ninguna, que ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo va a ser disuadida por las dificultades legales que se le impongan. Las distintas situaciones normativas sobre el aborto en el mundo y a lo largo del tiempo, así lo han demostrado. Sólo el desarrollo de una educación sexual en la que los únicos criterios válidos y fundamentales deben ser: el conocimiento científico, el respeto a la diversidad sexual y la defensa del derecho a la autonomía, junto a una mejora en el acceso a la anticoncepción regular y a la anticoncepción de emergencia, puede garantizar que el número de abortos, que con cada publicación de sus cifras nos avergüenza, disminuya.
La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente aunque pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, crea el marco normativo idóneo para desarrollar definitivamente una educación sexual basada en criterios científicos y evolutivos del desarrollo así como articula la forma óptima de atención a la sexualidad desde el sistema público de Salud. A mayor abundamiento sobre la necesidad de Educación Sexual, podrimos aludir a principios bioéticos fundamentales como el de beneficencia, no maleficencia y justicia. Justicia para que todas las personas, desde la infancia, puedan acceder, como derecho fundamental, a una educación sexual marcada por el hecho ineludible de ser seres sexuados y por tanto seres eróticos, decentes y deseables, amantes y amados y potencialmente procreativos.
El principio de beneficencia nos compromete con el sentido de hacer el bien a la ciudadanía, sin paternalismos, pero sin falsos pudores. Pudores que tienen más que ver con nuestros propios miedos y temores sobre el sexo y la vivencia sexual, que con los “atribuidos” a nuestros consultantes y/o educandos. La no maleficencia nos obliga a reconocer nuestros propios valores morales, a los que tenemos todo el derecho, pero no a imponerlos como valores universales a quien pretendemos ayudar.
Por supuesto que esta educación sexual corresponde a las instituciones educativas en todos sus niveles, pero tan obvio como esto resulta la necesaria implicación de las instituciones sanitarias y muy especialmente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria como puerta de entrada al sistema sanitario, como receptora de la confianza de los y las ciudadanas para plantear sus problemas y dificultades en el terreno de la vivencia sexual. Como depositaria de un conocimiento científico amplio e integrador del tan cacareado modelo bio-psico-social de atención.
NOTA: este artículo fue publicado el 7 de enero en El Día de León
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