La Asamblea del Consejo de Europa aprobó el 29 de septiembre de 2015 una
declaración dirigida a los gobiernos de los Estados miembros, en la
cual propuso medidas para luchar contra la opacidad en las relaciones
entre la industria farmacéutica, los sistemas de salud y los
profesionales. Se trata de una resolución sin poder ejecutivo, pero con
alto valor político y moral, en tanto en cuanto fue aprobada por
representantes elegidos en los 47 estados integrantes del Consejo,
organización referente en cuestiones de derechos humanos y desarrollo
democrático.
El texto comienza destacando las aportaciones de la industria
farmacéutica al conocimiento científico a lo largo del S. XX y su
importancia como sector económico, pero continúa expresando
preocupaciones por los efectos negativos de la interacción entre este
sector y el sector sanitario. Se hace referencia, entre otras
cuestiones, a la falta de transparencia en las investigaciones, a las
patentes abusivas y las dificultades en el acceso a fármacos, a los
ensayos clínicos redundantes (los que dan lugar a las llamadas me too
drugs), a la promoción de la enfermedad (disease mongering)…
En este sentido, entre otras medidas concretas, se insta a incorporar en
los planes de estudio de los profesionales sanitarios la concienciación
sobre estas materias, a publicar obligatoriamente toda financiación
proporcionada por su parte a profesionales e instituciones... La
resolución pide introducir criterios más estrictos para la autorización
de nuevos fármacos y fomentar investigaciones orientadas a necesidades
de salud no cubiertas, como las enfermedades raras. Además, insta a los
Estados a prohibir cualquier acuerdo que tenga como objetivo retrasar la
comercialización de genéricos, solicitando a la OMS alternativas al
actual modelo de patentes.
Hay que tener presente que los intereses de las empresas farmacéuticas,
no son necesariamente los de los pacientes. La industria ejerce
influencias a muchos niveles (producción de conocimiento, promoción y
formación, órganos reguladores…), pero los sistemas sanitarios públicos y
sus profesionales, como garantes de la salud de la ciudadanía, han de
ser independientes a la hora de adoptar decisiones, priorizar e
implementar estrategias para atender las necesidades sanitarias de la
población.
Entrada elaborada per Javier Ramírez-Gil
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