- Sobre el propio texto de la norma: "resulta de muy compleja
comprensión -incluso a un operador jurídico-". Pero no solo eso, ya que "resulta
especialmente compleja y
mejorable la redacción del Título VIII relativa a la financiación
pública de medicamentos y productos sanitarios y en concreto la
aplicabilidad de las
diferentes categorías de sistemas de precios".
- Uno de los grandes "zas" se encuentra en el apartado relativo a la financiación pública de los medicamentos, ya que "el procedimiento de inclusión en la
financiación del SNS ofrece: (i) una excesiva discrecionalidad en cuanto a la
decisión de cómo se va a aplicar el conjunto de criterios preseleccionados ni la
posible preferencia de unos sobre otros; (ii) una referencia a la toma en
consideración de la contribución del medicamento al producto interior bruto,
introduciendo posibles discriminaciones por el origen de los productos de
incierto recorrido".
- El informe
critica duramente el vigente régimen de intervención de precios que
existe en España, y considera que se generan dos incentivos perversos:
(1) "Incentivo a lanzar productos de nueva comercialización aunque no propongan
innovación ni mejora terapéutica sustancial para obtener nuevos precios
actualizados".
(2) "Incentivo a que las empresas promuevan el consumo (para así compensar por
la bajada de precios y mantener la facturación), en contra del principio de uso
racional y de la contención del gasto público".
- La fijación de precios de nuevos medicamentos por la Comisión Interministerial también recibe su parte y es calificada de "excesivamente vaga"
y se recuerda que no se ha aprobado todavía su desarrollo
reglamentario. Pero la principal crítica se centra en su falta de
transparencia ya que "El mecanismo no es transparente ni predecible. Se desconocen los
criterios precisos. Se detecta una falta de información de los acuerdos de la
CIPM en los últimos 3 años para los medicamentos de nueva
comercialización. No se publican informes motivados de resolución sobre
financiación y precio". Finalmente se pide que se tengan en cuenta factores de coste-efectividad, junto a los clásicos de aportación terapéutica.
- El sistema de
precios de referencia (precios máximos) también se lleva su parte,
centrada principalmente en la dificultad de trasladar esas reducciones
de precio al consumidor final, dado que la competencia de precios entre
laboratorios ha favorecido exclusivamente a las farmacias.
- En la parte de descuentos, el informe propone ser más flexible y no limitar tanto la posibilidad de establecer descuentos.
- El informe
propone, como medida de ahorro para el SNS, las subastas y las compras
públicas centralizadas. Actualmente ya se están llevando a cabo en
algunas comunidades autónomas (incluso en el Ministerio), pero el
informe recuerda que es necesario "i) facilitar la
libertad de acceso a la licitación, ii) evitar la discriminación entre operadores, iii)
reducir los riesgos de concentración del número de operadores y iv) contrarrestar el
riesgo de comportamientos colusivos".
La Comisión ha puesto bastante énfasis en varias medidas que muchos expertos han puesto sobre la mesa, y de hecho se cita en el texto un post del blog Nada es Gratis, un informe sobre regulación de precios y competencia firmado por Jaume Puig Junoy y un artículo de Puig Junoy y Beatriz López Valcarcel. ¿Hará caso el legislador a los cambios de rumbo que se piden desde la Comisión? ¿Empieza el fin de la discrecionalidad y la subjetividad en la política de financiación de medicamentos?
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