¿Es legal que un Instituto pida un certificado médico de salud a los alumnos para matricularse? ¿Es necesario?
La costumbre de solicitar un certificado médico por parte de determinadas instituciones forma parte de una burocracia anticuada y, a mi entender, la mayoría de las veces inadecuada. Proviene de hace décadas, de cuando no estaban en vigor las actuales leyes que protegen los derechos de las personas a la confidencialidad de los datos de salud. Viene de tiempos en los que existían pocos medios para controlar enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Pero ha llovido bastante desde entonces, aunque algunos parece que no se han enterado. Todavía en algunas convocatorias de cursos e incluso de contratos de sustituciones docentes hay quien exige al interesado un «certificado médico». Quizás por desidia o «porque siempre se ha hecho así» hay funcionarios que mantienen este requisito sin pararse a reflexionar sobre su pertinencia o legalidad. El sufrido candidato al curso o a acceder a un trabajo se ve así obligado a buscar un médico que rellene el certificado. Pero un certificado de qué, me he preguntado muchas veces ante un paciente angustiado por un trámite sin sentido, pero que tiene que presentar en forma y plazo. Porque qué es lo que el médico tiene que certificar, ¿qué es lo que la institución desea saber realmente? ¿Que el solicitante está sano? Difícil papeleta porque nadie está absolutamente sano. Quien no tiene una caries tiene varias dioptrías o un soplo cardíaco o un colon irritable o una alergia al polen o alguna crisis de ansiedad o una diabetes o una hipoacusia o quizás hongos en la piel... podría seguir con miles de ejemplos de mayor o menor gravedad, pero no me da la carta.
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Carmen Santos de Unamuno, médica de familia jubilada. Expresidenta del Comité de Ética de Atención Primaria de Mallorca
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