La pandemia de la COVID-19 produjo una situación tan excepcional que podría justificar la adopción de las medidas preventivas más drásticas, incluso si conlleva la renuncia, supuestamente temporal y transitoria, de los derechos individuales que, al menos en algunos lugares, tanto ha costado conseguir y mantener.
La pandemia sanitaria ha causado también una pandemia jurídica, si nos atenemos a los importantes problemas y retos legales que aún sigue planteando.La libertad individual es un principio fundamental de toda sociedad democrática. Cualquier límite a la libertad individual, aunque sea en nombre de la salud pública, debe justificarse democráticamente. Las medidas de salud pública deben ir también acompañadas de medidas de protección de los efectos negativos que tales medidas pueden tener sobre la precariedad económica y la vulnerabilidad social de las personas. Por otra parte, la salud pública implica un necesario grado de cooperación social. La cooperación de la ciudadanía puede ser voluntaria o a través de algún tipo de coacción. Lo deseable es que se exploren todas las posibilidades de la cooperación voluntaria.El objetivo de las medidas de salud pública no es evitar que los individuos autónomos se dañen a sí mismos, sino que dañen a otros, aunque sea a través de comportamientos involuntarios. Una intervención de salud pública que llegue a poner en cuestión la libertad individual requiere cumplir al menos cinco condiciones, la primera es garantizar la eficacia del programa o intervención que se pretende poner en práctica. Se debe disponer de suficiente información sobre los beneficios de la intervención que se pretende, o al menos que resulte razonablemente convincente de sus esperados efectos positivos. La segunda es la de la proporcionalidad. No conviene matar moscas a cañonazos porque los efectos colaterales pueden ser peores que los males que nos pueden infligir las moscas.La tercera es la necesidad. A veces hay situaciones que se plantean como problemas, pero que realmente no lo son para quienes se dice que los padecen, como ocurre en ocasiones cuando los cooperantes extranjeros se enfrentan a situaciones que los naturales del país no perciben como problemáticas o, por lo menos, no como prioritarias. La siguiente condición es el menor atropello y, aunque está en relación con la proporcionalidad, no es realmente equivalente, puesto que una reacción desproporcionada no siempre es, al menos directamente, dañina. La última condición se refiere a la necesidad de justificar públicamente la intervención. No se trata solo de promulgarla y ordenarla, sino de explicar de forma razonable y comprensible los motivos por los que se toman cada una de las decisiones que requiere la intervención, desarrollar el programa o poner en práctica las medidas preventivas que se pretenden instaurar. La infodemia, la desinformación y el discurso de la posverdad han obstaculizado la aplicación efectiva de medidas restrictivas para contener el virus y han generado, en cambio, un incremento tanto de actitudes conspiranoicas y negacionistas, como de los movimientos anticiencia y antivacunas. Ahora más que nunca, necesitamos ciudadanos independientes, bien informados, críticos y responsables, ciudadanos con iniciativas sociales y, sobre todo, con ciertas virtudes como creatividad, sensibilidad y objetividad, para que las partes polarizadas vuelvan a intercambiar argumentos y buscar acuerdos. Tenemos que entender de dónde viene la falta de responsabilidad ciudadana que se ha señalado tantas veces en los últimos meses, qué factores la fomentan y en qué creencias se basan los comportamientos irresponsables. Para ello, es fundamental estudiar el argumentario tanto de las teorías negacionistas y conspiranoicas como de los movimientos anticiencia y antivacunas. Hoy en día, estos movimientos están estrechamente vinculados entre sí y plantean un enorme desafío para la democracia, un reto que no tiene solución a corto plazo sino es a través de la concienciación, la educación y la formación. La conspiranoia consiste precisamente en socavar la diferencia entre verdad y mentira, entre hecho y opinión.
“Tiene la vida un lánguido argumento. Que no se acaba nunca de aprender. Sabe a licor y a Luna despeinada. Que no quita la sed…” (Dos horas después, J. Sabina).
El Dr. Miguel Álvarez Deza es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
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