En la actualidad el
ictus es un problema de salud pública de primer orden. Se sabe que
afecta a más de 15 millones de personas cada año en todo el mundo y que
una de cada 6 personas sufrirá un accidente cerebrovascular a lo largo
de su vida1.
En los países industrializados supone la tercera causa de muerte,
mientras que en España, según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE)2
del año 2014, el ictus constituye la segunda causa de muerte en la
población general (27.579 casos) y la primera en la mujer (16.006
casos). Lo que significa que cada 14 min muere un paciente por ictus en
España.
Además, en
personas que han un sufrido un ictus el riesgo de recurrencia es
elevado. Así por ejemplo, tras un ictus isquémico existe un riesgo de
aparición de nuevos episodios cerebrovasculares de un 10%
aproximadamente durante el primer año y, posteriormente, de un 5% anual.
De hecho a los 5 años hasta el 40% de los pacientes con ictus ha
presentado una recurrencia3.
Por
lo tanto, la prevención de la recurrencia del ictus es una misión clave
en los sistemas de salud pública. Debido a que la hipertensión es el
factor de riesgo más importante para la aparición del ictus y su
recurrencia3, la elección de un adecuado tratamiento antihipertensivo va a ser esencial.
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