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El tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tiene como objetivo evitar las consecuencias de la hiperglucemia, mejorar la calidad de vida, prevenir las complicaciones micro y macrovasculares y prolongar la supervivencia de los pacientes1-3. Sin embargo, no todos los antidiabéticos han mostrado beneficios cardiovasculares (CV), incluso algunos se han mostrado perjudiciales4 . De hecho, un metanálisis5 publicado en 2007 asociaba el uso de rosiglitazona con un incremento del riesgo de infarto de miocardio. Ante la incertidumbre sobre los potenciales efectos adversos CV de los fármacos antidiabéticos, las Agencias reguladoras6,7 desde 2008 han exigido a los nuevos antidiabéticos no insulínicos que se comercializan, la demostración de que no aumentan el riesgo CV de manera inaceptable respecto a placebo, mediante ensayos clínicos aleatorizados de seguridad cardiovascular (ECA-CV). A partir de esa fecha, se han publicado numerosos ECA-CV con los nuevos fármacos disponibles: gliptinas, gliflozinas y agonistas del receptor del Glucagon-Like-Peptide-1 (arGLP1), aunque la metodología empleada ha sido objeto de debate y sus resultados heterogéneos1,3. La comercialización de los nuevos fármacos no insulínicos y las nuevas evidencias disponibles han tenido un impacto importante en el perfil de prescripción de fármacos en la DM2. En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) esto ha supuesto un desplazamiento en la utilización de la metformina como monofármaco y las sulfonilureas, a otras familias de antidiabéticos no insulínicos o asociaciones (ver gráfico 1). En los tres últimos años, el consumo global de fármacos no insulínicos ha aumentado solo un 0,97% en el nº de dosis, pero se ha producido un incremento del 16,55% en el gasto farmacéutico, lo que supone más de 6 millones de euros.
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