Los anticoagulantes orales son
medicamentos con una utilización amplia y creciente en nuestro país,
motivada por la longevidad de la población y su utilización en la
prevención de complicaciones tromboembólicas en pacientes con
fibrilación auricular y en otras indicaciones. Son medicamentos con
un manejo complejo y un estrecho margen terapéutico, por lo que no
es de extrañar que estén implicados con frecuencia en los eventos
adversos que motivan las visitas a los servicios de urgencias y los
ingresos hospitalarios, o que prolongan la hospitalización. Estos
medicamentos se consideran de “alto riesgo” 1 y son objetivo
prioritario de estrategias y campañas desarrolladas por
organizaciones expertas en seguridad del paciente 2-6. Por ejemplo,
en EE.UU. la Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organization estableció en el año 2008 la reducción de los daños
asociados al uso de la terapia anticoagulante como uno de los
National Patient Safety Goals 2, y el National Quality Forum incluyó
la seguridad de la terapia anticoagulante entre las prácticas
seguras fundamentales para implantar de forma generalizada en todos
los hospitale.
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