Fernando Lamata es un médico que ha trabajado en la gestión sanitaria e impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Medicamentos a un precio justo”, que a finales de 2019 pretendía recoger firmas en todo el estado para presentar una ley en el Parlamento Español que limitara el precio de los medicamentos protegidos por patente, y que desgraciadamente la COVID truncó.
El abuso en los precios de los medicamentos protegidos por patente es una constante desde hace décadas. Uno de los casos de abuso más reciente, y que desencadenó el lanzamiento de la plataforma de la ILP, fue el del sofosbuvir para la hepatitis C, cuyo coste de producción no superaba los 100 euros por tratamiento, mientras que el precio de mercado oscilaba entre los 20.000 y los 50.000 dólares. La empresa propietaria de las patentes, Gilead, se escudaba en que estos elevados precios eran necesarios para recuperar los costes de investigación, algo que no es cierto, ya que el medicamento se desarrolló en centros de investigación con una importante financiación pública y el precio que finalmente pagó Gilead por el producto no tenía nada que ver con el coste del desarrollo, sino con meras operaciones comerciales para asegurar el monopolio del producto en el mercado. En cualquier caso, el elevado precio pagado por la empresa (11.000 millones de dólares) para hacerse con la patente, se amortizó en poco tiempo tras su lanzamiento al mercado.
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