Así se titula un artículo publicado en un número reciente de The Lancet. El mismo número en el que Michael Marmot denuncia la desigualdad que subyace a la crisis por COVID-19, la editorial de The Lancet plantea la necesidad de un nuevo contrato social y Richard Horton
analiza la situación actual como una crisis que excede el ámbito de la
epidemiología e interpela a toda nuestra biografía como especie.
La investigación realizada por Talha Burki señala en su introducción que “las
prisiones son un foco para la infección por COVID-19. En teoría, las
personas presas tienen el mismo derecho a la salud que la población
general, pero la realidad es muy diferente. […] Probablemente nunca sabremos el alcance de la enfermedad por COVID-19 en las prisiones y espacios de detención. La capacidad de realizar test y la provisión de equipos de protección están muy limitadas y las personas presas rara vez son una prioridad. Sin embargo, una prisión ha realizado tests masivos; el Centro Penitenciario de Marion en Ohio, EEUU, alberga 2.500 detenidos. Más de 2.000 han dado positivo para COVID-19”.
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