Por resolución de 7 de abril de 2014, publicada en
el BOC el 9 de abril, "se efectúa delegación de competencias de
contratación de los conciertos sociosanitarios con entidades privadas", cediendo
la Dirección General de Dependencia de la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda su responsabilidad en la provisión de servicios,
que establece la Ley de Dependencia, y dándole carta blanca a la Consejería de
Sanidad para el establecimiento pleno
en Canarias de la
atención sociosanitaria lucrativa privada a pacientes crónicos del Servicio
Canario de la Salud.
Este era el destino final de las "polémicas
declaraciones" de Paulino Rivero culpabilizando a las familias de dejar a
sus familiares en los hospitales de Canarias, ocupando camas públicas de agudos
con los consiguientes gastos para el SCS, y, sobre todo, perjudicando el
negocio de las camas privadas ocupadas por pacientes crónicos del SCS. El
objetivo era la concertación con dinero público de centros privados a los que
además, conforme a la legislación impulsada por el gobierno central del PP, se
les aplicará el régimen de copagos.
Ante esta medida nos tenemos que
preguntar, ¿y la teórica atención domiciliaria, contemplada en la
cartera de servicios del SCS? ¿y la necesaria priorización de centros
sociosanitarios públicos que con ocasión del colapso de las urgencias
hospitalarias se anunció asegurando incluso una inversión de un millón de euros en los centros sociosanitarios
públicos del Norte y del Sur de Tenerife?. Simplemente declaraciones para salir
del paso, esta privatización de la atención sociosanitaria que ahora se pone en
marcha es la única respuesta de la que es capaz el Gobierno neoliberal de
Canarias, de CC y PSC, continuación del mismo modelo de privatización que
llevan años desarrollando para la sanidad pública y que ya ha convertido al SCS
en el segundo sistema de sanidad autonómico, detrás del catalán, con más
desviación de fondos públicos a la sanidad lucrativa privada.
Por otro lado es escandaloso que, por el contrario, los únicos
hospitales de crónicos existentes que además reciben el nombre de
hospitales de apoyo al área de salud, en manos de los Cabildos y no del SCS como debería ser, tengan unas tremendas
y sangrantes deficiencias médicas y de cuidados a las personas que residen en
ellos y que han denunciado reiteradamente familiares y trabajadores de los
mismos.
Las denuncias que más frecuentemente salen a la luz pública están en relación
con las condiciones de vida de los residentes, entre otras, el aseo e higiene
personal (aseo diario de 25 pacientes crónicos en un baño que más parece una
habitación de cosas viejas), el vestuario con ropa deteriorada, como por
ejemplo, camisones rotos y su presentación (se les abrigue con sábanas rotas o
zurcidas), así como, los materiales de descanso, desaparición de ropa
identificada por los familiares, los médicos de atención especializada no
suelen acudir a los centros y a los pacientes con gran dependencia se les
traslada para las pruebas más rutinarias a los centros sanitarios de
referencia.
Además está la sobrecarga de trabajo del
personal de los centros de crónicos, con ratios de personal que no son
respetadas en todos los turnos que van generando una tensión con la dirección de
los centros que producen un ambiente hostil que luego repercute en el cuidado
de los pacientes, que se intensifica por la carencia muchas veces de materiales
adecuados y unas condiciones de habitabilidad de los centros no apropiada para
el cuidado de grandes dependientes. Sobre todo esto se pueden consultar las
hemerotecas, incluso han habido denuncias judiciales, como la relacionada con
el Hospital Febles Campos.
Por tanto, estos
hospitales públicos deben ser integrados en el Servicio Canario de la Salud y
convenientemente dotados de medios materiales y humanos. La atención
sociosanitaria es fundamental para poder garantizar una atención integral de
las personas dependientes, y para ello se precisa la continuidad entre los servicios sanitarios y los
servicios sociales, tanto para la gran dependencia como para menores grados de
esta en los que el problema de la cronicidad sólo se puede resolver en un marco
de construcción de redes de cuidados en la comunidad que centren su atención en
la persona sin alejarla de su medio habitual. Pero es de sobra conocida la muy
deficiente aplicación por parte del Gobierno de Canarias de la citada Ley de
Dependencia, con la consiguiente situación de máxima precariedad para las posibilidades
que dicha Ley establece para las personas dependientes.
El gobierno de Canarias
debe ofrecer recursos públicos y no las concertaciones con entidades privadas para
las que, una vez más ante los hechos consumados, exigimos inspecciones
rigurosas. Con control de la calidad del mobiliario, las ratios de
personal/pacientes, la alimentación, las condiciones de vida, los cuidados
protocolizados, y la satisfacción de los usuarios y sus familias con las
prestaciones recibidas. Así mismo, que en dichas inspecciones participen las
organizaciones sindicales, las organizaciones
de familiares, comités de calidad de los centros, y las organizaciones de
profesionales.
En Canarias a 14 de
abril de 2014
Foro
Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública
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